Acelerado daño ambiental en nuestros últimos paraísos

Martin Mulligan
Granada

La Reserva Natural Laguna de Apoyo (RNLA) es un frágil hospedero de la flora y la fauna. Su espacio, un área de 3 mil 500 hectáreas, además de carecer de servicios ambientales, requiere de una urgente protección para sobrellevar la alta vulnerabilidad a eventos naturales como sismos, vulcanismo, erosión y deslizamientos.

Ubicada entre los departamentos de Masaya y Granada, y compartida por seis municipios, Apoyo está rodeada por una población de más de 100 mil habitantes, por lo que la aplicación de políticas administrativas representa un difícil reto para encontrar propuestas que articulen su manejo efectivo, como a la vez, los intereses entre los diversos sectores socioeconómicos.

En diciembre de 2005 el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) recibió el primer borrador de propuesta de un Plan de Manejo (PdM) de la Reserva Natural Laguna de Apoyo, utilizando metodologías de gestión participativa con grupos de trabajo organizados dentro y alrededor del área.

La propuesta, elaborada por diversos especialistas, tuvo como principal objetivo enmarcar los usos humanos de la RNLA dentro de los límites de ley, planteando alternativas de protección ambiental, sostenibilidad de su uso y valorando el potencial desarrollo turístico de la zona, como a la vez señalando los altos riesgos de desastres naturales indicados por el Sistema Nacional de Protección a Desastres (Sinapred).

La inversión en áreas protegidas
En Nicaragua existen otras lagunas cratéricas, como la Laguna de Masaya y de Tiscapa, que hace apenas dos décadas eran muy cotizadas para el esparcimiento y por sus recursos biológicos, pero hoy se encuentran severamente dañadas por el desvío de aguas servidas a su espacio.

Estos antecedentes demuestran que la capacidad de respuesta a emergentes eventos, que ponen en peligro el patrimonio biológico y cultural de Nicaragua, ha sido inefectiva, y en consecuencia se ha contemplado la destrucción de áreas naturales a través de múltiples actividades ya prohibidas, pero sin una capacidad de coacción de parte de las autoridades competentes.

En octubre de 2005 un deslave provocado por el inadecuado manejo de suelos en un proyecto de urbanización en las laderas de la Laguna de Apoyo, pasó desde el borde del cráter hasta la laguna. Por tanto, estos eventos comprueban la urgente necesidad de un sistema de control del uso de los suelos.

El principal reto de la propuesta de PdM, promovida por Marena, es por tanto implementar acciones que conlleven a un futuro más seguro para la naturaleza y los grupos de interés en la zona, a través de recomendaciones, consultas y labores conjuntas promovidas por miembros de los diversos sectores.

No obstante, el PdM de la Laguna de Apoyo es un documento que ha pasado inadvertido, pues aún no cuenta con su respectiva aprobación, a pesar que el Marena debe “definir los límites topográficos y categorizar su área” de acuerdo al Decreto 42-91 del año 1991.

Pero en la práctica y a la fecha, ninguna ley ni decreto respaldan el destino de esta Reserva que empieza a recibir una ola de millonarias sumas de inversión que representa un latente peligro para su hábitat y para las inversiones mismas.

La Reserva como residencial exclusivo
La Asociación de Municipios Integrados por la Cuenca y Territorios de la Laguna de Apoyo (Amictlán) tiene conocimiento de al menos cinco proyectos de urbanización que ubicarían más de 500 casas y cabañas tanto en las laderas como en la zona de amortiguamiento de la laguna.

En ese sentido, Amictlán, integrada por las alcaldías de Masaya, Catarina, Diriomo, Diriá, Granada y San Juan de Oriente, ha venido desarrollando una serie de acciones para proteger los recursos de la laguna, y ha alertado sobre las irregularidades y avales que Marena desde el gobierno anterior ha otorgado a estos inversionistas sin contemplar las condiciones de manejo ambiental a las que las propiedades privadas deben someterse según Ley 217 y el Decreto 14-99.

Actualmente, la Asociación de Municipios elabora un programa de estudio complementario al PdM, con la finalidad de ofrecer un estudio de zonificación territorial que permita conocer los suelos a través de mapas y datos que señalen la escala de los riesgos de construcción.

Este estudio estará listo a finales de este año, no obstante, el pasado mes de marzo Amictlán, junto a varios concejales de distintas alcaldías, realizó inspecciones por diversos puntos de Apoyo, pudiendo constatar que “ya existen planes de convertir la Reserva en una zona residencial exclusiva y que avanza a pasos de gigante”, manifiesta el reporte elaborado.

“Los inversionistas que compran tierra a precio de ‘guate mojado’, para urbanizarlas y venderlas en millonarias sumas empiezan dejar daños ambientales”, agrega.

Estas urbanizaciones son: Agua Gemelas, Playa Granada y Vista Lagos, en el municipio de Granada; El Castillo y Monterrey, en Catarina; Laguna Stated, en San Juan de Oriente, y Los Congos, en Diriá.

Entre los mayores problemas, el geólogo y coordinador de las unidades técnicas que desarrollan los estudios de Amictlán, Diego Vázquez-Prada Baillet, destaca que las urbanizadoras han utilizado mecanismos engañosos para conseguir permisos fraccionados de parte del Marena, los cuales no permiten conocer a plenitud la magnitud de las inversiones.

“Las urbanizadoras van sacando los permisos en partes, y al tramitarlos poco a poco, no se ve la finalidad del proyecto, entonces al hacerlos así, los estudios de impacto ambiental obviamente son de otro tipo y tienen otras reglamentaciones”, explica Vázquez-Prada Baillet, quien califica estos mecanismos como “pequeñas trampas” que las urbanizadoras utilizan para construir legalmente, pero a su juicio tendrán efectos negativos en el hábitat de la Reserva.

Sueños virtuales por Internet
Otra de las distorsiones en que estas compañías incurren es que ofertan los lotes por Internet, y en sus páginas se puede leer en muchos casos que ya hay lotificaciones vendidas en su totalidad, sin reparar en advertir al comprador que la zona permanece en estudio de factibilidad de construcción, y a sabiendas de que el Marena está revalorizando los permisos ya concedidos.

“Cuando una persona en el extranjero ve la página y tiene los 99 mil dólares para comprar por Internet, ¿quién le explica al comprador que se está construyendo en una zona altamente sísmica, que sí cuenta con los debidos permisos o que las alcaldías le dará el visto bueno?”, se cuestiona Álvaro Gutiérrez, relacionista público de Amictlán, para quien esta forma en la que las urbanizaciones operan, le da el indicio de que el negocio, “más que encubierto, es una estafa”.

Pequeños municipios como San Juan de Oriente o Diriá hasta hace un par de años no contaban con una oficina de Catastro, y esta debilidad institucional no permite tener a plenitud el conocimiento de las adquisiciones que anteriormente pertenecían a cooperados, por lo que actualmente tampoco existe el debido trámite para el pago de impuestos.

Lluvia de irregularidades
Entre las denuncias que se les hacen a estas urbanizaciones sobresale que realizan sus muros de contención en las laderas de la laguna, a menos de 30 metros del espejo de agua, violando la Ley 217.

Estos muros evidencian que no sólo están limitando el dominio público, sino también el acceso de las especies que se abastecen del agua de la laguna.

Además, estos muros se levantan con piedras extraídas de las costas, sin gestionar permisos y sin remunerar por la extracción del recurso.

En el último año Amictlán ha registrado un descenso de metro y medio del nivel del agua, y no sólo el verano ha sido uno de los factores, sino la descontrolada práctica de hoteles, restaurantes y privados, de usar equipos para extraer agua de la laguna a pesar de sus restricciones.

Asimismo, las urbanizadoras han hecho uso de dinamita y han talado árboles para construir trochas de camino y nivelar terrenos sin el consentimiento de las alcaldías, como es el caso de Diriá, que recientemente denunció el hecho como “un abuso”, de construir sin presentar a la comuna una copia de los estudios de impacto ambiental.

Estos factores definitivamente pueden poner en peligro la biodiversidad, asegura Vázquez-Prada Baillet, quien aún se cuestiona por la impaciencia que estos inversionistas tienen de acelerar sus construcciones sin siquiera esperar los resultados de los estudios de factibilidad.

Señala que es muy probable que el estudio demuestre que hay zonas en las que no se puede construir, pero los factores responderán a causas que evidencien los riesgos.

Entre estas causas se puede apreciar que hay terrenos donde los árboles no se muestran perpendiculares, lo que indica que “hay reptación del suelo, por eso se observa que los árboles crecen con cierta inclinación, evidenciando que hay un movimiento del suelo ladera abajo”, explica el geólogo.

Los técnicos de Amictlán contradicen la justificación de las urbanizadoras, que dicen construir con “estándares de California”, con materiales flexibles aptos para zonas altamente sísmicas, pero estos materiales no justifican la no protección contra el deslizamiento del suelo y contra los frecuentes derrumbes en la zona.

“Hay que tomar en cuenta que estamos hablando de una reserva natural, por eso hay que buscar un equilibrio entre turismo y medio ambiente. Y no es que estemos en contra del turismo, pero queremos que (los inversionistas) se adapten a las condiciones medioambientales de la laguna y a las normas y leyes que están vigente en Nicaragua, que hasta ahora no se han tomando en cuenta”, concluyó Vázquez-Prada Baillet
Por su parte, la recién nombrada delegada del Marena para el departamento de Granada, Ligia Flores, reconoció que hasta el momento no poseen mucho conocimiento sobre el tema, y están en una etapa de reconocimiento del terreno, con inspecciones y revalorización de los permisos que la administración anterior extendió a las urbanizadoras.

Publicado por EL NUEVO DIARIO, Managua-Nicaragua, 27 de mayo de 2007
http://www.elnuevodiario.com.ni/2007/05/27/especiales/49781