Ileana Padilla
corresponsal/Masaya
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Marena y Alcaldíade Catarina le caen a la laguna
Trabajadores de la Alcaldía de Catarina, en conjunto con abogados de la Procuraduría General de la República, efectivos de la Policía y el Ministerio de Recursos Naturales y el Ambiente, iniciaron ayer un operativo para retirar muelles y cercos perimetrales de las propiedades ubicadas en las costas de la Laguna de Apoyo.

El operativo tiene como objetivo, según las autoridades, “recuperar el derecho de costas que se había perdido en ese balneario como consecuencia de la ocupación que han hecho más de 140 propietarios privados y dueños de bares y restaurantes”.

Según los ejecutores de la medida, estos dueños están lesionando el artículo 2 de la Ley Agraria.
Dicho artículo señala que los habitantes de estas zonas deben respetar los 30 metros que le corresponden al Estado para que las personas puedan bañarse, sin ser objeto de prohibiciones. Algunas propiedades no respetan los 30 metros de costas y sus infraestructuras están inclusive dentro del agua.

Unos 150 trabajadores de la Alcaldía de Catarina desmantelaron los cercos, rampas para lanchas de motor y algunos muelles que están obstaculizando el derecho de las costas, tras una notificación de 48 horas.

Algunos habitantes de la laguna criticaron el hecho que no se afectó a dos importantes negocios como el de Norome, pero el asesor legal de la Alcaldía de Catarina, Horacio Pérez Muñoz, dijo que estos negocios introdujeron recientemente un recurso de amparo ante los juzgados de Masaya y mientras no exista una resolución esos negocios tendrán que ser evaluados conforme su situación.

Uno de los muelles desmantelados fue el de un norteamericano de nombre Mark Anderson, cuya estructura estaba en el agua. Su dueño no se encontraba en la propiedad y solamente un vigilante protestó la medida.

En el caso de un negocio conocido como La Abuela, se indicó que la propiedad tiene un título supletorio sobre un terreno estatal, donde el Estado no se opuso por lo que se trata de un caso legal que podría ser revocado.

SEGUNDA DE TRES ETAPAS
Pérez explicó que el operativo realizado ayer corresponde a la segunda etapa de un proyecto que se impulsa desde hace seis meses para definir los diferentes tipos de propiedad en la laguna, cuya primera etapa física la realizó el Catastro; la segunda etapa es la recuperación de la costa, y la tercera etapa será la legalización de los títulos y la definición de los tipos de propiedad.

Marta Meneses y Maribel de Jesús Dávila, dos habitantes de la zona, pensaban que en el operativo les iban a desmantelar sus pozos de agua, pero el procurador Julio González les dijo esto no tenía nada que ver con ellas .

”OPERATIVO POSITIVO”
Según el procurador de Masaya, Julio González, el operativo resultó positivo porque se cumplió con el propósito, sin que se presentaran hechos de violencia, en vista de que la cuadrilla de la Alcaldía de Catarina solamente encontró a los cuidadores.

Sin embargo una de las propietarias de una quinta en la laguna, la diputada del MRS, Mónica Baltodano, se presentó en el lugar y pidió la suspensión del operativo porque según ella, no tenía sentido un operativo perentorio sin que se haya dialogado con los dueños sobre la ejecución del plan de ordenamiento territorial.

“Esta manera de proceder es onerosa para la municipalidad porque están llamados a cumplir las orientaciones con los propios dueños y son ellos los que tienen que asumir la responsabilidad de quitar los obstáculos y no corresponde a la alcaldes utilizar los fondos que son para realizar proyectos en las comarcas y no para hacer la labor de los privados”, dijo Baltodano.

“Nosotros defendemos esta laguna y nos preocupa muchísimo lo que está ocurriendo en esta laguna, como es que baje 1.2 metros de nivel cada año por el despale, los permisos de construcción en las laderas y la extracción de agua”, añadió Baltodano.

Agregó que el problema del agua tiene que ser resuelto “porque desde hace varios años estamos pidiendo a Enacal impulse un proyecto de abastecimiento de agua potable porque el agua de esta laguna no es potable, ni es apta para el consumo humano y animal y las personas que compran agua para consumo pagan hasta 500 y 600 córdobas por ella”, añadió.

Los empleados concluyeron su labor sin incidentes.

Publicado por La Prensa el 16 de Agosto
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